Valencia, 12 oct (EFE).- El sindicato UGT-PV ha solicitado al juez
que anule la orden de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo
que fija los criterios para dotar las plantillas en Secundaria,
Bachillerato y Formación Profesional al considerar que vulnera los
derechos de los docentes a la negociación colectiva.
Así lo recoge
el escrito de conclusiones que la Federación de Trabajadores de la
Enseñanza (FETE) de UGT-PV ha presentado en el procedimiento que tiene
abierto en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV) contra la Conselleria.
Esta orden de Plantillas sustituyó,
a comienzos del curso pasado (2010-2011), los acuerdos para el
profesorado de la ESO, el Bachillerato y FP y modificó los criterios
establecidos en las diferentes resoluciones administrativas dictadas
para la organización y funcionamiento de dicho curso.
Desde el
sindicato han denunciado que, en lugar de ser objeto de negociación
colectiva entre los representantes del profesorado y la Administración
autonómica, la orden fue "unilateralmente impuesta" por ésta y supuso
"la certificación de la muerte de los desdobles" en FP.
Así, han
recordado que la plantilla de FP pasó, según datos de matriculación de
principios de septiembre de 2010, de ser de 1.210 profesores a 413, un
recorte de casi 800 puestos de trabajo.
UGT-PV ha manifestado ante
el TSJCV que la "pseudo-negociación" que la Conselleria realizó
entonces con los sindicatos se limitó a presentar una propuesta de orden
y a cerrar un "falso" acuerdo "sin cambiar ni una coma de su propuesta
inicial" el 25 de noviembre de 2011.
Según FETE-UGT-PV, "no
existió verdadera y auténtica" negociación colectiva de las condiciones
laborales del profesorado, lo que provocó, a su juicio, "la lesión de su
derecho a la negociación colectiva y merece la protección y amparo no
solo judicial y legal, sino también constitucional".
La
organización sindical confía en que el TSJCV declare la nulidad de esta
nueva orden de plantillas y que exija de la Administración educativa
valenciana que "cumpla con su obligación legal y constitucional de
negociar las condiciones de trabajo de este colectivo de empleados
públicos".
Han exigido una negociación "auténtica, seria, rigurosa
y responsable" que permita llegar a nuevos acuerdos que sustituyan a
los denunciados.
"No sólo tiene derecho a ello el profesorado
valenciano, sino que también lo exige el propio sistema educativo
valenciano para su mejora", han añadido. EFE
Fuente: ABC.
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